Los ciudadanos españoles, no solamente los que tienen su residencia en el País Vasco, sino todos, tenemos derecho a que los dirigentes del PNV que reclaman el "derecho a decidir" nos digan sin ambigüedad cuál sería el contenido de ese derecho. Porque los ciudadanos que residen en el País Vasco, igual que los ciudadanos que residen en las demás comunidades autónomas, están ejerciendo el derecho a decidir periódicamente en el triple nivel estatal, autonómico y municipal desde la entrada en vigor de la Constitución. No hay nadie que esté privado del derecho a decidir, del derecho de autodeterminación, para hablar con precisión, en ninguno de los ámbitos territoriales en que se articula nuestra fórmula de gobierno. Ni en el País Vasco ni en ninguna otra comunidad autónoma del Estado español.
Como en todo Estado constitucionalmente organizado el contenido de ese derecho a decidir está regulado. Se puede querer decidir lo que entra dentro de los límites de lo que la Constitución permite querer decidir. No se puede, lo que no entra dentro de tales límites.
Obviamente la Constitución se puede reformar e incluso se podría admitir que haya ciudadanos que rechacen expresamente la Constitución y que consideren que deben poder decidir al margen por completo de lo que la Constitución permite decidir. Si no se está de acuerdo con los límites que la Constitución impone al derecho a decidir, se puede proponer o bien la reforma de la Constitución o bien salirse del marco constitucional y poner en marcha la aventura de una fórmula de gobierno nueva, separada de aquella que la Constitución regula.
O se acepta la Constitución con la interpretación que de la misma se ha hecho a través de los Estatutos de Autonomía, o se propone su reforma, a fin de que los límites del derecho a decidir sean distintos de los constitucionalmente definidos en la actualidad o se propone la autoexclusión del marco constitucional y la definición del contenido del derecho a decidir al margen por completo de ella.
Entiendo que esto último es lo que tienen en mente Juan José Ibarretxe o Joseba Egibar cuando hablan del derecho a decidir. Pero si es así, lo deberían decir con claridad. No es aceptable que digan que están privados del ejercicio del derecho a decidir, porque no es verdad. Ellos están decidiendo en condiciones de igualdad con los demás ciudadanos de las demás comunidades autónomas, con los límites para el ejercicio del derecho a decidir que tenemos todos.
Si ellos no aceptan esos límites, deben decirlo así. No que están privados del ejercicio de un derecho, sino que no quieren ejercer el derecho a decidir en la forma en que está constitucionalmente previsto para todos. La pregunta tendría que ser, en consecuencia, una pregunta clara, de tal manera que los ciudadanos, tanto los que residen en el País Vasco como los que residen en otras comunidades autónomas, pudieran saber con precisión qué ocurrirá en el caso de que la pregunta sea respondida de manera afirmativa.
Los dirigentes nacionalistas vascos que están poniendo encima de la mesa el derecho a decidir no pueden escudarse en el argumento victimista de que los demás les estamos privando del ejercicio de un derecho, sino que tienen que decirle a los ciudadanos vascos que nos tienen que decir a los demás que no quieren tener los mismos derechos que nosotros y que no quieren ejercerlos con los mismos límites con que los ejercemos los demás.
Si a una pregunta clara en este sentido hubiera una respuesta inequívocamente mayoritaria por parte de la ciudadanía residente en el País Vasco, es obvio que se tendrían que extraer las consecuencias de la decisión. Pero a ver quién es capaz de plantear la cuestión en estos términos. Mientras esto no ocurra, todo lo que los dirigentes nacionalistas vascos digan acerca del derecho a decidir estará viciado por la ambigüedad respecto al contenido de ese eventual derecho. ¿Por qué no se atreven a coger el toro por los cuernos? ¿Tan poca confianza tienen en su propuesta?
Javier Pérez Royo, en El País del 21 de abril de 2007 (leído aquí)
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