El mito de la pureza (de nuestros orígenes mestizos)

Una vez más, Ruiz Soroa, en su artículo del otro día en El Correo, El mito de la pureza, expresa con mucha más precisión, lleva más lejos, ideas a las que de vez en cuando les doy vueltas.

Por ejemplo, el mito de nuestros orígenes puros: él se refiere al País Vasco, donde el asunto es aún más sangrante por la insistencia enfermiza del nacionalismo en la pureza incontaminada de un Pueblo Vasco con 7000 años de historia, pese a que todos los datos (Soroa pone unos cuantos ejemplos basados en la procedencia de los apellidos de los ciudadanos vascos) demuestran que es una falacia.

También comenta que el mismo tipo de ceguera interesada se produce en Latinoamérica, donde lo políticamente correcto es renegar de la parte europea, española, de su ascendencia, que se tiene por una contaminación transitoria de las esencias indígenas americanas.

Pero lo mismo pasa en España en su conjunto, donde el mito en este caso toma la forma de unos orígenes exclusivamente cristianos en los que apenas quedarían rastros de la invasión musulmana o de la herencia judía. Hablamos de "nosotros" al referirnos a los cristianos de la Reconquista y utilizamos la tercera persona para los musulmanes y los judíos, cuando debería ser evidente para cualquiera que deje de lado las anteojeras ideológicas que tan "nuestros" (o, según se mire, tan ajenos) son unos como otros, que nuestra "identidad" no es sino la mezcolanza, al fuego lento de los siglos de convivencia, de, al menos, esas tres tradiciones culturales.

Hala.

La izquierda y Europa

Si alguien se lee entero el (breve) turrón de Ruiz Soroa que acabo de poner en el otro blog, me gustaría saber qué le parece.

Porque yo creo, una vez más, que tiene mucha razón.

Y es una pena.

Además de todas las objeciones teóricas que se le pueden poner al nacionalismo, ideología reaccionaria como pocas, hay una crítica fundamental de la práctica del nacionalismo en el poder, sobre todo en sociedades post-heroicas, ricas y acomodadas como la nuestra:

Los políticos nacionalistas necesitan exaltar continuamente a su clientela con mensajes apocalípticos, agónicos, tremendistas, que poco tienen que ver con la realidad de la inmensa mayoría de la gente.

Cierto es que este comportamiento no es exclusivo de los nacionalistas, y que en alguna medida lo comparten todos quienes ejercen el poder y temen perderlo (quién no recuerda el dóberman del PSOE en la campaña del 96), pero yo tengo la impresión de que es aún más acusado en los nacionalistas, que atizan incensantemente el miedo a la pérdida de las esencias, de la identidad, y de no sé cuántas otras cualidades de ese tótem, paradójicamente eterno e inmutable, sobre el que gira todo su discurso político: el Pueblo.

Aun sabiendo todo esto, y más teniendo en cuenta particular situación en el País Vasco, no por predecible deja de ser menos vergonzosa la pataleta histérica de Ibarretxe y compañía ahora que (¡por fin!) tienen que abandonar, al menos por un tiempo, el gobierno vasco.

Ruiz Soroa, tan lúcido como de costumbre, lo expresa perfectamente en su último artículo:

Ibarretxe, como un Alonso de Quijano moderno, y con él medio país, están atrapados en un texto, 'la novela de Euskadi', que cuenta nuestra realidad como un problema desmesurado, tan grande que se resuelve sólo con muertos, revoluciones, secesiones y demás hercúleas contribuciones. Euskadi es así la última novela de caballerías que se lee en serio en Europa, tan en serio que encandila la pasión de unos ciudadanos que, sin embargo, están a la cabeza de Europa en muchísimos indicadores de desarrollo social y humano modernos. Se comprueba en ello la verdad de la que se ha llamado 'ley de la importancia creciente de las sobras': cuanta más positividad existe en una sociedad, cuanto mejor se vive en ella, los restos o sobras de negatividad persistentes en su seno se perciben como más graves e intolerables. Probablemente tenemos menos problemas y conflictos que en ningún momento de nuestra historia pasada, vivimos como nunca nuestros padres soñaron poder hacer, y sin embargo nos sentimos rodeados de problemas y conflictos gigantescos y absorbentes. Si los viéramos como lo que son, como 'sobras' de escasa relevancia objetiva, probablemente los definiríamos mejor. Y los políticos podrían bajarse de la pasión por desfacer entuertos que duran siete mil años y por rescatar a gentiles naciones-doncellas, cerrar por fin la novela y encontrar causas o motores más humildes en la realidad prosaica que nos rodea.

José María Ruiz Soroa, en El Correo de 10 de mayo de 2009

Grandísimo este artículo de José María Ruiz Soroa que acabo de leer, aunque es de hace dos semanas.

Sin desperdicio.

Lo comparto y lo asumo de pe a pa.

Yo también soy nacionalista y frentista.

Pero así, y sólo así.

(Quizá debería cambiarle el nombre al blog y ponerle El blog de Soroa, porque no hago más que copiar sus artículos. Pero éste no podía dejar de ponerlo...)

El hilo sutil

Éste es un artículo que me hubiera gustado no escribir nunca, lo reconozco. Pero hay realidades que nos interpelan con toda su crudeza a quienes creemos en el Estado de Derecho, unas realidades ante las que callar es pura y simplemente hacerse cómplice de un estado de cosas inadmisible.

La realidad viene dada por esas detenciones masivas de miembros de la ilegalizada Batasuna, de los actuales componentes de su dirección y de sus sustitutos. Viene también plasmada en esos expeditivos autos de prisión para quienes han promovido o encabezado recientes manifestaciones. Medidas judiciales que están en directa contradicción con el comportamiento observado por los mismos órganos estos dos últimos años, durante el llamado proceso de paz, cuando consideraron que comportamientos idénticos de las mismas personas no constituían ilícito penal alguno. Esta contradicción flagrante es la que nos interpela: la de que unas mismas conductas puedan ser sancionadas penalmente o no según el momento en que ocurran, que lo que todavía ayer era actividad legítima de la izquierda abertzale sea hoy ilegítima actividad de un partido político proscrito. O viceversa. Porque, sencillamente, eso no puede ser en un Estado de Derecho.

Aparte del silencio y del mirar para otro lado, sólo hay una salida para esta contradicción. La de apelar al criterio de oportunidad en la aplicación de las leyes, o lo que es lo mismo, al principio de que las leyes deben ser interpretadas teniendo en cuenta las circunstancias del tiempo en que van a ser aplicadas. Se supone que este principio permitía el año pasado ignorar las actividades criminales de unas personas porque había un proceso de paz en marcha, mientras que ahora que tal proceso ha descarrillado permite encarcelarlas. ¿No les suena esto más bien a un principio de simple y pura represalia, de una justicia de amigo/enemigo? Y es que cualquier jurista sabe que el principio de oportunidad tiene muy poco, si alguno, lugar en la aplicación de las leyes penales. Que precisamente porque se trata de normas que restringen derechos individuales no cabe hacer con ellas interpretaciones sociológicas u oportunistas, sino sólo garantistas.

Preciso es reconocer, aunque nos duela a los que creemos en el Estado de Derecho, que lo que nos muestran estos comportamientos de la Audiencia Nacional es la desagradable imagen de la 'justicia del cadí', es decir, la pura y simple arbitrariedad de unas personas que deciden conforme a sus particulares criterios de oportunidad y justicia lo que debe ser tolerado o reprimido en cada momento. La arbitrariedad no es lo contrario de la justicia, como suele creerse. La decisión libre del cadí puede ser materialmente justa, puede perfectamente cumplir con el valor de la justicia y equidad. Meter en la cárcel a los miembros de Batasuna puede ser un trato equitativo para con sus méritos. Pero, y esto es lo importante, la arbitrariedad es siempre contraria al Estado de Derecho, porque éste se basa en el principio de que quienes nos gobiernan son las leyes, no los hombres (el 'rule of law' y el 'due process'). Son las leyes en su generalidad y abstracción las que deciden quiénes van a la cárcel y cuándo, a través de un proceso imparcial e igual para todos. No pueden decidirlo los criterios, por justicieros que sean, de unos jueces concretos.

Lo malo de la situación actual no es que, como dice el Gobierno vasco, se estén rompiendo puentes de interlocución con ETA. Ésa es una apreciación, de nuevo, típicamente oportunista y contextual. Según eso, si uno es 'puente de interlocución' puede delinquir a gusto, pero no si es un simple ciudadano. No, los comportamientos arbitrarios de estos últimos meses hacen algo mucho peor: rompen un hilo de confianza. Y, precisamente por ello, contaminan retroactivamente muchos de los procesos judiciales seguidos en la Audiencia Nacional. Porque si un juez puede exhibir ahora tal grado de arbitrariedad, ¿quién nos garantiza que antes no fue igual de arbitrario y justiciero? Cuando hace ya años decidió ilegalizar preventivamente un partido político, cuando durante años ha mantenido abierto el sumario convirtiéndose de hecho en una especie de permanente fielato de lo permitido/prohibido, cuando ha adoptado multitud de decisiones restrictivas de derechos, ¿quién nos dice que no actuó con unos criterios de oportunidad tan burdos y extrajurídicos como los que ahora exhibe? Romper la confianza del ciudadano en el funcionamiento regular de su Estado de Derecho tiene estas consecuencias. Porque una vez quebrado el hilo intangible con que se cose su trama, todo él empieza a desflecarse.

Estoy seguro de que el mundo abertzale entiende perfectamente esta lógica de funcionamiento: cuando había un proceso de diálogo nos premiaban, cuando lo rompemos nos castigan. Implacablemente. Pero lo entienden porque ellos creen que el poder no es sino fuerza bruta que se aplica en función de los intereses de cada uno, por mucho que se revista del ropaje jurídico. Pero los que tenemos otra concepción del poder legítimo no entendemos ya nada. O demasiado.

J. M. Ruiz Soroa, en El Correo el 6 de octubre de 2007

Las cosas como son...

Elección y selección

Mi amigo Juan lleva días diciéndome que está preocupado por la baja calidad de nuestros políticos, por el hecho cierto de que (no sólo aquí, sino en toda Europa) los gestores de la cosa pública son auténticas medianías, cuando no mediocres personajes. Y, puestos a reflexionar un poco sobre tan evidente realidad, lo primero que me viene a la cabeza es una interrogante un poco burlona: ¿Por qué razón, amigo Juan, esperas tener buenos políticos cuando usamos un método tan defectuoso para seleccionarlos? Porque, seamos serios, la elección por el pueblo es uno de los peores sistemas de selección que se pueden imaginar para obtener una elite de gestores competentes. La democracia garantiza casi con toda seguridad que resulten elegidos los peores, los mediocres y los demagogos.

Comprendo que esta afirmación suscite asombro e indignación en más de un lector, pero es algo que resulta evidente a poco que se reflexione. Y algo que, además, siempre se ha sabido. Yendo a lo primero, piensen ustedes qué método de selección utilizarían para designar los mejores médicos del país, los mejores científicos, los mejores empresarios, sobre todo cuando de esa elección dependiera su salud, su seguridad o su progreso económico. ¿Pondrían ustedes a votación entre todos la elección? ¿O utilizarían criterios más objetivos? ¿Creen ustedes que si encargásemos a una agencia de selección de personal la búsqueda de un buen técnico de informática para nuestra empresa, utilizaría un sistema de votación abierto a todos para encontrarlo? ¿Se nombra el capitán del buque por elección entre los tripulantes? La respuesta obvia es siempre negativa: para seleccionar buenos profesionales utilizamos otros métodos, porque sabemos que la decisión mayoritaria de los incompetentes no sirve para escoger a los más competentes. El sistema de elección por votación universal es un sistema asombrosamente inadecuado si lo que deseamos es seleccionar a los mejores, no a los más populares. Dicho sea de paso, en España tenemos un ejemplo pasmoso de este hecho: la persona mejor valorada de entre todos nuestros cargos públicos es precisamente aquélla que hemos decidido que sea seleccionada por el azar biológico, mientras que las que elegimos nosotros mismos no nos merecen muy alta valoración.

Lo curioso de la cuestión no es tanto lo que estoy afirmando, sino que haya llegado a olvidarse. Porque es algo que siempre se ha sabido: desde Platón a Tocqueville, muchos pensadores políticos han estado de acuerdo en que la elección por el pueblo es un sistema que provoca, precisamente, que los mejores ciudadanos nunca serán seleccionados. Pues ¿cómo el criterio de los mediocres, que son la mayoría por definición, iba a escoger a los mejores que son minoría? ¿Y cómo los sabios y prudentes, que son pocos, iban a someterse al criterio de decisión de los muchos vulgares? Usamos de la democracia para gobernarnos, sí, pero no 'porque' su sistema de selección de gobernantes sea el mejor (como creen muchos), sino 'a pesar' de que es uno de los peores (como siempre se ha sabido). Usamos la democracia para gobernarnos porque la persona, para vivir civilizadamente en comunidad, precisa sentir que participa del gobierno de esa comunidad, porque de otro modo se siente tratada como un súbdito desechable, como dijo Aristóteles. El hecho de que nosotros seamos quienes elegimos a nuestros gobernantes garantiza sí nuestra participación y nuestra conformidad a sus decisiones (la legitimidad), pero no seamos tan ingenuos como para creer que garantiza que van a ser los mejores. Porque es justo al revés.

Y ya puestos a desenrollar el ovillo de esta historia, hay que decir que esto es sólo el principio. Porque si la más mínima teoría analítica sobre elección/selección nos dice lo anterior, los resultados empeoran todavía más cuando introducimos en escena algunos nuevos elementos de nuestra sociedad actual. Por ejemplo, los partidos políticos y la democracia de audiencia.

Los partidos, con independencia de su origen y de su ideología, responden, como organizaciones humanas que son, a las leyes invariables de toda burocracia (como sabemos desde Weber y Michels). Entre ellas, a la ley de hierro de las oligarquías, en virtud de la cual es la minoría dirigente la que se hace cargo de la organización y, en lo que ahora interesa, filtra y preselecciona a los candidatos a gobernantes. Con lo que los ciudadanos elegimos, sí, pero entre los previamente elegidos por unas organizaciones dominadas por elites burocráticas.

Por otro lado, en unas sociedades modernas en las que la esfera pública está estructurada por los medios de comunicación, con sus técnicas y recursos característicos, la selección de gobernantes debe también someterse al dominio universal de tales técnicas mediáticas. La realidad que recibimos está en grandísima parte construida por los propios medios que nos la presentan, que son quienes dominan la agenda, la secuencia y el enfoque. Las personas a elegir están 'construidas' con las mismas técnicas y así se presentan a los ciudadanos, que eligen como elige una gran audiencia televisiva. La ciudadanía activa tiende a ser poco más que un público espectador.

Mezclen todo esto y obtendrán resultados sorprendentes, que se alejan muchísimo de la idea ingenua de que seleccionamos a los mejores de entre nosotros para gobernar ¿No lo creen todavía? Pues piensen cuál es el resultado real y concreto de la capacidad de elección que tenemos como telespectadores ¿Qué resulta de nuestra capacidad de elección como personas armadas de un telemando? Programas basura que en teoría a todos nos disgustan, pero que están ahí por la ley inflexible del triunfo de lo mediocre, lo fácil y lo superficial en cualquier elección universal.

¿Y cómo no se derrumba el sistema democrático, si está basado en tan pobres sistemas de selección? Pues, aunque de nuevo no gustará a muchos la respuesta, por un factor añadido que hasta ahora no he mencionado: la competencia. Es decir, por el hecho de que no existe un solo partido, una sola organización social, una sola iglesia, una sola elite, sino varias en competencia entre sí. Es de esa competencia de donde deriva el sistema su capacidad para producir resultados admisibles, un poco por encima del nivel que llevaría a su defunción. La democracia es en gran parte el resultado indeseado del libre juego de unos actores e 'inputs' no democráticos. Ése es el hallazgo salvador: el pluralismo competitivo.

Naturalmente, está muy de moda (en realidad siempre lo ha estado) poner el grito en el cielo ante esta realidad y proponer una regeneración del sistema sobre la base de unos ciudadanos exigentes y participativos, unos partidos de nuevo cuño y un espacio público distinto. Regeneración es la palabra mágica. Pero me temo que todo eso es pura sofistería: no está en nuestra mano cambiar radicalmente la estructura básica del mundo social que nosotros mismos producimos con nuestra propia actividad. Igualmente hay que decir que es altamente improbable (suponiendo que fuera factible sin atropello de la libertad) un cambio antropológico del ser que habita nuestras sociedades occidentales; igual que no van a cambiar las leyes que rigen las organizaciones burocráticas ¿Entonces? Bueno, primero un poco de humildad sin falsas ilusiones: el sistema democrático funciona, aunque sea con unos niveles que distan muchísimo de la excelencia. Segundo, hay sugerencias, mínimas pero interesantes, para modificar a mejor ese funcionamiento. Otro día te las contaré, Juan.

J. M. Ruiz Soroa, en El Correo de 2 de septiembre de 2007

La tentación del arbitrismo

(Este artículo me ha parecido sumamente interesante. Y eso que le mete caña a una de las ideas centrales del embrión de partido que impulsa entre otros mi admirado y querido Savater...)

El arbitrismo tiene una larga tradición en el pensamiento español, por lo menos desde la época de los Austrias. Ya entonces surgió una pléyade de personas que, ante el desastroso estado de la sociedad y la economía patrias, proponían a la corte remedios sencillos, rápidos e infalibles. En esto consiste el arbitrismo: en propugnar recetas simples y sencillas para problemas complejos. Y de ahí también proviene su atractivo, pues no hay nada más sugerente para el intelecto humano que dar con una solución mágica de los problemas.

Uno de los que podríamos llamar 'tópicos arbitristas recurrentes' en la sociedad española actual es el electoral. Consiste en pensar que una simple modificación de las normas electorales conseguiría producir cambios espectaculares en nuestro panorama político. Es recurrente, por ejemplo, el tópico de las listas desbloqueadas y abiertas como alternativa a las actuales cerradas. Los defensores de esta modificación le atribuyen efectos milagrosos sobre los partidos políticos (que dejarían de ser cotos cerrados de las burocracias) y sobre la actuación de los representantes (que se volvería más cercana y sensible al elector). Sin embargo, estos arbitristas no quieren ver lo que la experiencia española y comparada enseña con rotundidad: que el ciudadano corriente se guía a la hora de votar por su simpatía ideológica partidista, y rehúye el trabajo y la complicación personales que supone componer listas personalizadas, incluso cuando puede hacerlo. Llevamos treinta años de votaciones con la posibilidad de 'panachage' para el Senado, cámara que se elige por listas totalmente abiertas; y la experiencia demuestra que menos de un 2% de los electores hace uso de esta posibilidad. Es decir, que el 98% prefiere votar en bloque la lista que su partido le propone.

Otra receta arbitrista, asumida recientemente como propuesta básica por la plataforma en favor de un nuevo partido ciudadano, es la de modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral para conseguir que los partidos nacionalistas no tengan un peso desproporcionado y superior al que numéricamente les corresponde en las cámaras representativas y, de esta forma, no puedan condicionar la política española. En este caso, el arbitrista incurre simultáneamente en una notable distorsión de la verdad electoral, por un lado, y en una notable miopía política por otro.

Distorsión de la verdad porque, sencillamente dicho, no es cierto que los partidos nacionalistas obtengan gracias a las normas electorales un peso superior al que numéricamente les corresponde. Los argumentos que se utilizan para argumentarlo son pura demagogia. Se afirma, por ejemplo, que Izquierda Unida obtiene sólo dos escaños con 801.821 votos, mientras que los catalanes de CiU logran 10 con un número de votos similar (835.471), o el PNV arranca 7 escaños con la mitad de votos (420.980). El argumento, sin embargo, no prueba lo que sus mantenedores arguyen, que los nacionalistas estén sobrerrepresentados, sino una cosa muy distinta, que IU está infrarrepresentada. Ésta es la verdad, que el sistema electoral castiga fuertemente a los partidos minoritarios nacionales que se presentan en todas las circunscripciones (antes el CDS, ahora IU), mientras que prima descaradamente a los mayoritarios (PSOE y PP) y es prácticamente neutral para con los nacionalistas (globalmente minoritarios, pero concentrados en pocas circunscripciones).

Una vía sencilla para poder determinar quién está sobre o infrarrepresentado es la de comparar el número de votos que a cada partido le 'cuesta' obtener un escaño, pues de esta forma conocemos las desviaciones del principio básico de que todos los votos deberían tener el mismo valor. Y tomando las elecciones de 2004 ,en las que el coste medio del escaño fue de 70.109 votos, observamos que al PSOE el escaño le costó 67.232 votos, al PP 65.996, a CIU 83.547, a ERC 81.524, al PNV 60.140, a Coalición Canaria 78.407, al Bloque Nacionalista Gallego 104.000, a Izquierda Unida 400.000 (¿¿) y a EA 80.905. De lo que se deducen varias cosas: primera, que el gran infrarrepresentado es IU y que los grandes beneficiarios son PP y PSOE; y segunda, que para los partidos nacionalistas en general no existe prima alguna, sino más bien lo contrario: los catalanes de CiU y ERC, los canarios de CC, los gallegos del BNG y los vascos de EA pagan por su escaño más que la media y más que los grandes partidos nacionales. Sólo el PNV es beneficiado neto del sistema, obteniendo aproximadamente un escaño más que lo que le correspondería según costes medios. Y si tomásemos cualquier convocatoria anterior, el resultado sería tan similar que no merece la pena analizarlas.

Por tanto, cuando se afirma que los partidos nacionalistas tienen un peso excesivo en términos electorales se está faltando a la verdad. Y si lo que se propone es modificar las normas electorales para disminuir su peso relativo (como en la propuesta avanzada por Peces Barba de aumentar de 350 a 400 el número de escaños del Congreso, pero reservando los nuevos 50 escaños a partidos nacionales), lo que se está proponiendo en realidad es disminuir el valor del voto de algunos ciudadanos en función de su nacionalidad o ideología (discriminación pura y dura), algo que no parece estar en consonancia con el concepto mismo de ciudadanía que se dice defender.

Cuestión muy distinta de la puramente electoral es la propiamente política, es decir, el amplio margen de influencia en la política nacional que tienen los partidos nacionalistas. ¿Claro que la tienen! Pero lo que debemos preguntarnos, antes de recurrir a la manipulación arbitrista para corregirla, son dos cosas: ¿Por qué la tienen? ¿Es malo que la tengan?

Si los partidos nacionalistas pueden actuar de 'bisagras' o 'condicionantes' en la política nacional ello no se debe a su sobrerrepresentación, como acabamos de ver, sino más bien a la bulimia de los grandes partidos españoles, que sostienen interesadamente un sistema electoral favorable al bipartidismo que excluye a los terceros partidos nacionales (CDS o IU). Claro que en su apetito desmedido llevan su penitencia, pues al no permitir la existencia de partidos nacionales bisagra a los que utilizar como aliados, se ven forzados a recurrir a los partidos nacionalistas cuando no obtienen mayoría absoluta. Son ellos, por tanto, los que han creado las condiciones sistémicas necesarias para que los partidos nacionalistas actúen como árbitros, y sólo una corrección de la prima descarada que tienen los grandes partidos posibilitaría que surgieran otros árbitros. Pero, como es bastante obvio, de esta corrección no quieren ni oír hablar.

La otra cuestión, quizá la más importante, es la de valorar adecuadamente la situación de los partidos nacionalistas periféricos en el sistema político. El régimen electoral se diseñó, precisamente, para integrarles en el conjunto de la política nacional y para ello se les otorgó una adecuada representación, usando la provincia como circunscripción electoral. No cabe duda de que, si nos referimos a la política cotidiana, este objetivo se ha conseguido en gran parte. Los partidos nacionalistas actúan con normalidad en los marcos institucionales y aportan su particular visión al pluralismo ideológico español. Cierto que no se ha conseguido la total integración sistémica de los nacionalismos, que siguen marcando señaladas reticencias a la aceptación del marco constitucional, sobre todo en el caso vasco. Ahora bien, ¿mejoraría en algún sentido esa situación parcialmente insatisfactoria si ahora los 'desintegráramos' de la política cotidiana e institucional estableciendo barreras representativas en su contra? Si comenzamos a discriminar a los ciudadanos nacionalistas periféricos, ¿no sería ello un factor añadido para incentivar su alejamiento y extrañamiento del sistema nacional? Creo que hay que reflexionar sobre esto un poco más antes de echar mano del arbitrismo.

José María Ruiz Soroa, en El Correo del sábado 26 de mayo de 2007