(Quizá debería cambiarle el nombre al blog y ponerle El blog de Soroa, porque no hago más que copiar sus artículos. Pero éste no podía dejar de ponerlo...)

El hilo sutil

Éste es un artículo que me hubiera gustado no escribir nunca, lo reconozco. Pero hay realidades que nos interpelan con toda su crudeza a quienes creemos en el Estado de Derecho, unas realidades ante las que callar es pura y simplemente hacerse cómplice de un estado de cosas inadmisible.

La realidad viene dada por esas detenciones masivas de miembros de la ilegalizada Batasuna, de los actuales componentes de su dirección y de sus sustitutos. Viene también plasmada en esos expeditivos autos de prisión para quienes han promovido o encabezado recientes manifestaciones. Medidas judiciales que están en directa contradicción con el comportamiento observado por los mismos órganos estos dos últimos años, durante el llamado proceso de paz, cuando consideraron que comportamientos idénticos de las mismas personas no constituían ilícito penal alguno. Esta contradicción flagrante es la que nos interpela: la de que unas mismas conductas puedan ser sancionadas penalmente o no según el momento en que ocurran, que lo que todavía ayer era actividad legítima de la izquierda abertzale sea hoy ilegítima actividad de un partido político proscrito. O viceversa. Porque, sencillamente, eso no puede ser en un Estado de Derecho.

Aparte del silencio y del mirar para otro lado, sólo hay una salida para esta contradicción. La de apelar al criterio de oportunidad en la aplicación de las leyes, o lo que es lo mismo, al principio de que las leyes deben ser interpretadas teniendo en cuenta las circunstancias del tiempo en que van a ser aplicadas. Se supone que este principio permitía el año pasado ignorar las actividades criminales de unas personas porque había un proceso de paz en marcha, mientras que ahora que tal proceso ha descarrillado permite encarcelarlas. ¿No les suena esto más bien a un principio de simple y pura represalia, de una justicia de amigo/enemigo? Y es que cualquier jurista sabe que el principio de oportunidad tiene muy poco, si alguno, lugar en la aplicación de las leyes penales. Que precisamente porque se trata de normas que restringen derechos individuales no cabe hacer con ellas interpretaciones sociológicas u oportunistas, sino sólo garantistas.

Preciso es reconocer, aunque nos duela a los que creemos en el Estado de Derecho, que lo que nos muestran estos comportamientos de la Audiencia Nacional es la desagradable imagen de la 'justicia del cadí', es decir, la pura y simple arbitrariedad de unas personas que deciden conforme a sus particulares criterios de oportunidad y justicia lo que debe ser tolerado o reprimido en cada momento. La arbitrariedad no es lo contrario de la justicia, como suele creerse. La decisión libre del cadí puede ser materialmente justa, puede perfectamente cumplir con el valor de la justicia y equidad. Meter en la cárcel a los miembros de Batasuna puede ser un trato equitativo para con sus méritos. Pero, y esto es lo importante, la arbitrariedad es siempre contraria al Estado de Derecho, porque éste se basa en el principio de que quienes nos gobiernan son las leyes, no los hombres (el 'rule of law' y el 'due process'). Son las leyes en su generalidad y abstracción las que deciden quiénes van a la cárcel y cuándo, a través de un proceso imparcial e igual para todos. No pueden decidirlo los criterios, por justicieros que sean, de unos jueces concretos.

Lo malo de la situación actual no es que, como dice el Gobierno vasco, se estén rompiendo puentes de interlocución con ETA. Ésa es una apreciación, de nuevo, típicamente oportunista y contextual. Según eso, si uno es 'puente de interlocución' puede delinquir a gusto, pero no si es un simple ciudadano. No, los comportamientos arbitrarios de estos últimos meses hacen algo mucho peor: rompen un hilo de confianza. Y, precisamente por ello, contaminan retroactivamente muchos de los procesos judiciales seguidos en la Audiencia Nacional. Porque si un juez puede exhibir ahora tal grado de arbitrariedad, ¿quién nos garantiza que antes no fue igual de arbitrario y justiciero? Cuando hace ya años decidió ilegalizar preventivamente un partido político, cuando durante años ha mantenido abierto el sumario convirtiéndose de hecho en una especie de permanente fielato de lo permitido/prohibido, cuando ha adoptado multitud de decisiones restrictivas de derechos, ¿quién nos dice que no actuó con unos criterios de oportunidad tan burdos y extrajurídicos como los que ahora exhibe? Romper la confianza del ciudadano en el funcionamiento regular de su Estado de Derecho tiene estas consecuencias. Porque una vez quebrado el hilo intangible con que se cose su trama, todo él empieza a desflecarse.

Estoy seguro de que el mundo abertzale entiende perfectamente esta lógica de funcionamiento: cuando había un proceso de diálogo nos premiaban, cuando lo rompemos nos castigan. Implacablemente. Pero lo entienden porque ellos creen que el poder no es sino fuerza bruta que se aplica en función de los intereses de cada uno, por mucho que se revista del ropaje jurídico. Pero los que tenemos otra concepción del poder legítimo no entendemos ya nada. O demasiado.

J. M. Ruiz Soroa, en El Correo el 6 de octubre de 2007