[...]
Dada la extensión de estas 10 principales lenguas podríamos sospechar que la mayoría de los Estados deberían ser monolingüísticos. Pero la realidad de la distribución lingüística de los Estados es justamente la contraria. Pues a partir del dato de los más de 5.000 millones de habitantes del mundo se deduce que la media de hablantes por lengua es de poco más de 700.000 personas y que, inversamente, la media de lenguas por Estados es nada menos que 30. Datos agregados que, como siempre, encubren una tremenda dispersión. Así, el continente con una media de lenguas por país menor y un mayor número de hablantes por lengua (es decir, el más “normalizado”) es, con gran diferencia, Europa. La media europea de hablantes de cada lengua, 4,4 millones, es cuatro veces mayor que la media mundial de hablantes de cada lengua. A su vez, la media europea de lenguas por país, sólo 4,6, es casi la sexta parte de la media mundial, aproximadamente 30 lenguas por país.
Podemos, pues, decir que, por las razones que sean, la complejidad lingüística de Europa es incomparablemente menor que la del resto del mundo; y quizá por eso Europa, y sólo Europa, ha podido creer durante tanto tiempo en la ecuación lengua-nación-Estado, que resulta ser así otro más de los esquemas eurocéntricos con los que malpensamos el mundo.
Esta fuerte normalización u homogeneización lingüística de Europa contrasta con la fuerte dispersión en otros continentes, singularmente Oceanía, donde la media de lenguas por país es casi 50 y la media de hablantes por lengua ¡no llega a 25.000! Estos dos extremos, Europa y Oceanía, no deben hacernos olvidar que América, por ejemplo, tiene una media de casi 22 lenguas por Estado y menos de un millón de hablantes por lengua.
El resultado final (siempre según estimaciones de Jacques Leclerc, del Centre International de Recherche en Aménagement Linguistique [CIRAL] de la Universidad Laval de Canadá), es que sólo habría 25 Estados lingüísticamente homogéneos, más otros 9 Estados no soberanos. Y llama poderosamente la atención el que casi todos ellos (salvo Bangla Desh, Japón, Corea y Polonia) son de escaso número de hablantes, 10 millones o menos. El sorprendente resultado es que, contra una extendidísima creencia, menos del 15% de los Estados (que engloban menos del 10% de la población del mundo) son lingüísticamente homogéneos, mientras el 85% restante, los Estados multilingües, engloban a más del 90% de la población. Vivir en un Estado lingüísticamente homogéneo tiene, pues, una probabilidad de 1 a 10.
[...]
Debemos visualizar la relación entre cultura y política no como espacios que se solapan sino como realidades secantes: la misma identidad cultural se asentará sobre una pluralidad de Estados. Pero también a la viceversa: la misma realidad estatal se asentará sobre una pluralidad de culturas. Los Estados pluriculturales y/o plurilingüísticos son y serán la regla. Algo similar a lo que ocurre con las regiones o , incluso, las áreas metropolitanas, pues también éstas saltan por encima de las fronteras para ser pluriestatales.
Es tanto como profundizar en la tendencia de secularización del Estado que comenzó ya en el siglo XVII tras las guerras de religión. Pues al igual que entonces se rompió con el principio tardomedieval un roi, une foi, une loi, que forzaba a los súbditos de las viejas monarquías a seguir la religión del Príncipe, se trata ahora de llevar ese pluralismo cultural mas allá del estricto espacio de la religión para hacer Estados laicos también en lo cultural.
Pues si los Estados no tienen religión, ¿cómo pueden tener culturas propias, que son en todas partes un derivado de las religiones? Limitar la secularización del Estado a las identidades religiosas es un primer paso, que debe continuar en todos los ámbitos de la cultura.
Pero desacoplar cultura y política es tanto como decir que la lealtad a un pueblo (y la misma identidad como pueblo) se expresa de muchos modos y se dice en muchas lenguas. Que se puede ser norteamericano en inglés, pero también en español, en yoruba, en tagalo o en urdo. En todas esas identidades deberá haber lealtad a la Constitución como presupuesto mínimo sobre el que crear una identidad de nación, pero de nación plurinacional, variada, diversa. Estoy, pues, hablando de naciones complejas que, mas allá del modelo del Estado-nación, resultan de la fusión dinámica de una pluralidad de naciones, identidades y lenguas en un proyecto de vida en común.
Y hablamos también de democracias de la diversidad, no de la homogeneidad, donde la igualdad legal no debe presuponer la igualdad cultural.
La imposibilidad del Estado-nación romántico no debe, sin embargo, conducirnos a demonizar todas las formas de nacionalismo. Y ello porque –regresando al principio– todo Estado estable debe reposar en un demos, una comunidad o una Gemeinschaft, que se caracteriza por una mayor solidaridad interna, reposa en una ciudadanía que mentalmente traza una frontera entre “nosotros" y los “otros”: no tanto con ánimo de expulsar o rechazar a los otros, sino con ánimo de fusionar o unir a quienes forman parte de ese “nosotros”. Hay, pues, una nación debajo de todo Estado, al menos debajo de todo Estado estable y viable. El limite mínimo de esa comunidad, de ese nacionalismo posnacionalista, es el patriotismo constitucional de Habermas, la lealtad a la Constitución como marco de convivencia y tolerancia en libertad. Creo, sin embargo, con Luis María Díez Picazo, que la propuesta de Habermas es más un diagnostico que una terapia y obvia el difícil problema de la articulación de sentimientos que se oculta tras el término patriotismo. Pues leído como solidaridad, empatía, proximidad, y por tanto, como generosidad y ayuda mutua, el nacionalismo es una fuerza extraordinariamente positiva. La fraternidad universal que predican las grandes religiones –y que es también la base expansiva de la lógica democrática– sólo puede ser la resultante final de un proceso dinámico de ampliación del espacio de la solidaridad.
Pretender que desde ya nuestra solidaridad abarque por completo a toda la población del globo, que se vierta igual sobre los próximos que sobre los lejanos, sobre quienes llevan conviviendo siglos que sobre quienes han vivido de espaldas, sobre quienes hablan la misma lengua y se entienden que sobre quienes hablan lenguas distintas, pretender pues la fusión instantánea en una fraternidad universal es no sólo una utopía sino una utopía peligrosa si no es gestionada con prudencia. Ciertamente, el objetivo final sólo puede ser un Estado democrático universal y cosmopolita; pero la postulación de ese objetivo no nos exime de realizar las tareas diarias que lo puedan hacer posible. Mientras tanto, la fórmula propuesta en 1966 por Roy Jenkins, entonces ministro de Interior del Reino Unido, es más que razonable para orientar nuestro camino:
“No creo que necesitemos en este país un melting pot, que haga de cada uno una copia de la visión estereotipada del Englishman… Por ello defino la integración, no como un proceso plano de asimilación sino como igualdad de oportunidades conjuntamente con diversidad cultural en una atmósfera de tolerancia mutua”.
Dada la extensión de estas 10 principales lenguas podríamos sospechar que la mayoría de los Estados deberían ser monolingüísticos. Pero la realidad de la distribución lingüística de los Estados es justamente la contraria. Pues a partir del dato de los más de 5.000 millones de habitantes del mundo se deduce que la media de hablantes por lengua es de poco más de 700.000 personas y que, inversamente, la media de lenguas por Estados es nada menos que 30. Datos agregados que, como siempre, encubren una tremenda dispersión. Así, el continente con una media de lenguas por país menor y un mayor número de hablantes por lengua (es decir, el más “normalizado”) es, con gran diferencia, Europa. La media europea de hablantes de cada lengua, 4,4 millones, es cuatro veces mayor que la media mundial de hablantes de cada lengua. A su vez, la media europea de lenguas por país, sólo 4,6, es casi la sexta parte de la media mundial, aproximadamente 30 lenguas por país.
Podemos, pues, decir que, por las razones que sean, la complejidad lingüística de Europa es incomparablemente menor que la del resto del mundo; y quizá por eso Europa, y sólo Europa, ha podido creer durante tanto tiempo en la ecuación lengua-nación-Estado, que resulta ser así otro más de los esquemas eurocéntricos con los que malpensamos el mundo.
Esta fuerte normalización u homogeneización lingüística de Europa contrasta con la fuerte dispersión en otros continentes, singularmente Oceanía, donde la media de lenguas por país es casi 50 y la media de hablantes por lengua ¡no llega a 25.000! Estos dos extremos, Europa y Oceanía, no deben hacernos olvidar que América, por ejemplo, tiene una media de casi 22 lenguas por Estado y menos de un millón de hablantes por lengua.
El resultado final (siempre según estimaciones de Jacques Leclerc, del Centre International de Recherche en Aménagement Linguistique [CIRAL] de la Universidad Laval de Canadá), es que sólo habría 25 Estados lingüísticamente homogéneos, más otros 9 Estados no soberanos. Y llama poderosamente la atención el que casi todos ellos (salvo Bangla Desh, Japón, Corea y Polonia) son de escaso número de hablantes, 10 millones o menos. El sorprendente resultado es que, contra una extendidísima creencia, menos del 15% de los Estados (que engloban menos del 10% de la población del mundo) son lingüísticamente homogéneos, mientras el 85% restante, los Estados multilingües, engloban a más del 90% de la población. Vivir en un Estado lingüísticamente homogéneo tiene, pues, una probabilidad de 1 a 10.
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Debemos visualizar la relación entre cultura y política no como espacios que se solapan sino como realidades secantes: la misma identidad cultural se asentará sobre una pluralidad de Estados. Pero también a la viceversa: la misma realidad estatal se asentará sobre una pluralidad de culturas. Los Estados pluriculturales y/o plurilingüísticos son y serán la regla. Algo similar a lo que ocurre con las regiones o , incluso, las áreas metropolitanas, pues también éstas saltan por encima de las fronteras para ser pluriestatales.
Es tanto como profundizar en la tendencia de secularización del Estado que comenzó ya en el siglo XVII tras las guerras de religión. Pues al igual que entonces se rompió con el principio tardomedieval un roi, une foi, une loi, que forzaba a los súbditos de las viejas monarquías a seguir la religión del Príncipe, se trata ahora de llevar ese pluralismo cultural mas allá del estricto espacio de la religión para hacer Estados laicos también en lo cultural.
Pues si los Estados no tienen religión, ¿cómo pueden tener culturas propias, que son en todas partes un derivado de las religiones? Limitar la secularización del Estado a las identidades religiosas es un primer paso, que debe continuar en todos los ámbitos de la cultura.
Pero desacoplar cultura y política es tanto como decir que la lealtad a un pueblo (y la misma identidad como pueblo) se expresa de muchos modos y se dice en muchas lenguas. Que se puede ser norteamericano en inglés, pero también en español, en yoruba, en tagalo o en urdo. En todas esas identidades deberá haber lealtad a la Constitución como presupuesto mínimo sobre el que crear una identidad de nación, pero de nación plurinacional, variada, diversa. Estoy, pues, hablando de naciones complejas que, mas allá del modelo del Estado-nación, resultan de la fusión dinámica de una pluralidad de naciones, identidades y lenguas en un proyecto de vida en común.
Y hablamos también de democracias de la diversidad, no de la homogeneidad, donde la igualdad legal no debe presuponer la igualdad cultural.
La imposibilidad del Estado-nación romántico no debe, sin embargo, conducirnos a demonizar todas las formas de nacionalismo. Y ello porque –regresando al principio– todo Estado estable debe reposar en un demos, una comunidad o una Gemeinschaft, que se caracteriza por una mayor solidaridad interna, reposa en una ciudadanía que mentalmente traza una frontera entre “nosotros" y los “otros”: no tanto con ánimo de expulsar o rechazar a los otros, sino con ánimo de fusionar o unir a quienes forman parte de ese “nosotros”. Hay, pues, una nación debajo de todo Estado, al menos debajo de todo Estado estable y viable. El limite mínimo de esa comunidad, de ese nacionalismo posnacionalista, es el patriotismo constitucional de Habermas, la lealtad a la Constitución como marco de convivencia y tolerancia en libertad. Creo, sin embargo, con Luis María Díez Picazo, que la propuesta de Habermas es más un diagnostico que una terapia y obvia el difícil problema de la articulación de sentimientos que se oculta tras el término patriotismo. Pues leído como solidaridad, empatía, proximidad, y por tanto, como generosidad y ayuda mutua, el nacionalismo es una fuerza extraordinariamente positiva. La fraternidad universal que predican las grandes religiones –y que es también la base expansiva de la lógica democrática– sólo puede ser la resultante final de un proceso dinámico de ampliación del espacio de la solidaridad.
Pretender que desde ya nuestra solidaridad abarque por completo a toda la población del globo, que se vierta igual sobre los próximos que sobre los lejanos, sobre quienes llevan conviviendo siglos que sobre quienes han vivido de espaldas, sobre quienes hablan la misma lengua y se entienden que sobre quienes hablan lenguas distintas, pretender pues la fusión instantánea en una fraternidad universal es no sólo una utopía sino una utopía peligrosa si no es gestionada con prudencia. Ciertamente, el objetivo final sólo puede ser un Estado democrático universal y cosmopolita; pero la postulación de ese objetivo no nos exime de realizar las tareas diarias que lo puedan hacer posible. Mientras tanto, la fórmula propuesta en 1966 por Roy Jenkins, entonces ministro de Interior del Reino Unido, es más que razonable para orientar nuestro camino:
“No creo que necesitemos en este país un melting pot, que haga de cada uno una copia de la visión estereotipada del Englishman… Por ello defino la integración, no como un proceso plano de asimilación sino como igualdad de oportunidades conjuntamente con diversidad cultural en una atmósfera de tolerancia mutua”.
Emilio Lamo de Espinosa, en el artículo Lengua, nación y Estado, publicado en Claves de la Razón Práctica (nº 121, abril de 2002)
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