La crisis económica no tiene sus causas ni sus respuestas en la regulación del mercado de trabajo. En todo caso, la relación es inversa, y el mercado de trabajo termina reflejando algunas de las consecuencias y efectos de las crisis.
Las causas -y por tanto, las respuestas- hay que buscarlas en la caída en picado de los sectores que propiciaron una burbuja de empleo, en los problemas de liquidez y financiación de las empresas, en el colapso de la función del sistema financiero y en la falta de confianza de los empresarios, como sucede con los consumidores. Sin olvidar los efectos que la crisis ha provocado en un tejido productivo que tiene grandes debilidades estructurales, que todo el mundo conoce y reconoce, pero que se ignoran deliberadamente en el momento de diseñar estrategias de salida.
Por tanto, la reforma laboral introducida por el Gobierno no camina en la dirección correcta, sobre todo porque insiste en la idea de que la regulación de las relaciones laborales ha contribuido a empeorar las cosas por su rigidez. Eso no es cierto. En el año 2009, en plena recesión, se hicieron más de 13 millones de contratos temporales, y los empleadores no tuvieron especiales problemas para reducir sus plantillas, lo que llevó al desempleo a más de cuatro millones de personas, mientras que solamente unos 500.000 trabajadores quedaron sujetos a medidas más defensivas (suspensión o reducción de jornada).
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La reforma no es acertada y resulta regresiva. Es ineficaz porque no aborda los problemas reales del mundo laboral. Es injusta socialmente porque hace recaer las consecuencias de la crisis sobre la mayoría de la población que no la ha provocado y que padece sus consecuencias, renunciando a que la paguen quienes la han provocado, que además en muchos casos se han enriquecido con ella. Y además, desbarata el sistema de pactos y de acuerdos de empresa, y los subordina al interés empresarial, fijado unilateralmente.
Carlos L. Alfonso, en El País de hoy.
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